Una gran polémica generó la propuesta del gobierno de Gabriel Boric para legalizar a cerca de 182 mil migrantes que participaron en un registro biométrico voluntario en 2023, donde se recopiló información personal como nombres y fotografías. Aunque la iniciativa fue fuertemente criticada por diversos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, contó con el respaldo del Ejecutivo y del sector empresarial, que calificó el trabajo del subsecretario Luis Cordero como “muy bien encaminado”.
El diputado Raúl Soto (PPD) fue uno de los primeros en criticar la propuesta, indicando que, en un contexto de crisis de seguridad, la prioridad del Gobierno debería centrarse en reforzar el control fronterizo, mantener las expulsiones y aplicar la normativa vigente para desincentivar el ingreso de migrantes irregulares al país. Agregó que una regularización masiva no es políticamente viable mientras no se controle la situación migratoria y de seguridad.
Por su parte, el parlamentario socialista Marco Ilabaca también cuestionó la medida, señalando que el desborde de las fronteras y la llegada masiva de migrantes por pasos no autorizados representan un problema de coherencia al plantear una posible regularización.
Desde la oposición, la bancada de la UDI presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional buscando declarar la propuesta como inconstitucional. Según el diputado Juan Antonio Coloma, el registro biométrico promovido por el actual gobierno fue solo un paso previo hacia un «perdonazo masivo» para quienes ingresaron al país de manera irregular. Además, advirtió que la medida podría incentivar el ingreso de más extranjeros sin documentos, agravando la crisis migratoria.
Mientras tanto, líderes empresariales como Ricardo Mewes, presidente de la CPC, y Antonio Walker, líder de la SNA, respaldaron la propuesta argumentando que Chile necesita más trabajadores regularizados, especialmente en el sector agrícola.
El subsecretario Luis Cordero defendió la iniciativa, aclarando que no incluirá a personas con antecedentes penales y subrayó que busca solucionar problemas relacionados con el empleo informal y la explotación laboral. Asimismo, destacó el impacto económico de los migrantes, quienes entre 2017 y 2023 contribuyeron al 1% del PIB, según datos del Banco Mundial.
Finalmente, Cordero llamó a los actores políticos a debatir el tema basándose en cifras concretas y en los beneficios de incorporar a los migrantes al mercado formal para reducir la informalidad y los riesgos asociados.
Fuente: Infobae
